El objetivo del proceso de regularización extraordinaria consiste en dar una respuesta inmediata y garantista a la situación de cientos de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

La autorización concedida será de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
 

Las personas interesadas deben acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025
 

Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril 2026, una vez cumplidos los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026

El proceso estará dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. 

En el caso de los solicitantes de protección internacional, (pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo) bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema. 

“La propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España”. 

El plazo de tramitación será de máximo 3 meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo de 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar.

La familia como eje de la integración
Otro de los pilares del proyecto normativo es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de 5 años.